Durante años ha habido en los EE.UU. numerosos desafíos legales y recursos ante los tribunales, en relación con la enseñanza de la evolución. Los tribunales han apoyado sistemáticamente la enseñanza de la evolución.
Un estado, distrito o escuela no puede prohibir la enseñanza de la evolución.
La sentencia del Tribunal Supremo de 1968, en el caso de Epperson contra Arkansas, derogó las leyes antievolucionistas declarando que:
«...la primera enmienda no permite al estado exigir que la enseñanza y el aprendizaje se ajusten a los principios o prohibiciones de ningún dogma o secta religiosa... el estado no tiene ningún interés legítimo en progeger a ninguna o a todas las religiones de opiniones que les desagradan.»
Algunos antievolucionistas afirman que la evolución es una religión y que, por tanto, su enseñanza es inconstitucional. Los tribunales han establecido claramente que la evolución es ciencia y que, por tanto, su enseñanza no viola la Primera Enmienda. El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno circuito escribió en un caso de California (Peloza contra el Distrito Escolar Unificado Capistrano, en 1994)
«El Tribunal Supremo ha sostenido inequívocamente que mientras que la creencia en un Creador Divino del universo es una creencia religiosa, la teoría científica de que las formas de vida superiores evolucionaron a partir las inferiores no lo es.»
Un estado, distrito o escuela no puede exigir el mismo tiempo para el creacionismo o ciencia de la creación.
No sólo han rechazado la ciencia de la creación los científicos y teólogos, también la han rechazado los tribunales. En el caso de 1982 de McLean contra Arkansas, el juez escribió que los científicos creacionistas:
«...no pueden describir con propiedad la metodología que usan como científica, ya que empiezan con una conclusión y se niegan a cambiarla sin importar los datos que hallen durante el transcurso de la investigación.»
En 1987, el Tribunal Supremo (Edwards contra Aguillard) derogó leyes que exigirían la «igualdad de tiempo» para la evolución y la ciencia de la creación estableciendo que, aunque se utilice la palabra «ciencia», la ciencia de la creación en realidad es religión disfrazada y, por lo tanto, su enseñanza es ilegal.
«...Debido a que el propósito principal del Creationism Act (Decreto sobre el Creacionismo) es promover una creencia religiosa determinada, el Decreto promociona la religión, por lo que es una violación de la Primera Enmienda.»
Un profesor no puede enseñar el creacionismo en contra de la política del distrito.
Un distrito escolar puede prohibir a un profesor enseñar el creacionismo o la ciencia creacionista en la escuela. El tribunal dictó que esto no viola los derechos del profesor a la libertad de expresión, dado que se requiere que las escuelas permanezcan neutrales en cuanto a la religión. En el caso de Webster contra el Distrito Escolar New Lennox (1990), el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito expuso:
«Si un profesor de una escuela pública hace uso de la religión y enseña creencias religiosas o propugna teorías basadas claramente en fundamentos religiosos, los principios de la separación de la iglesia y el estado se violan tan claramente como si un estatuto ordenase al profesor enseñar teorías religiosas como hacían los estatutos de Edwards.»
Un estado, distrito o escuela no puede tener una cláusula de exención de responsabilidad que señale a la evolución en particular.
Una cláusula de exención de responsabilidad sobre la evolución, que señale a la evolución para un tratamiento especial distinto de todos los demás empeños científicos, ha sido declarada inconstitucional por un Tribunal Federal del Distrito y el Tribunal de Apelaciones asociado. En el caso de Freiler contra la Junta de Educación de Tangipahoa (1997) se trató una cláusula de exención de responsabilidad antievolución de la junta escolar local de Luisiana. Se encargó a los profesores que leyeran a los estudiantes una cláusula estableciendo que la enseñanza de la evolución «no intenta influir en o disuadir de la versión bíblica de la creación ni de ningún otro concepto.» La referencia específica a la Biblia fue una razón de peso por la que esta cláusula fue derogada. El juez escribió:
«Aunque alentar a los estudiantes a mantener su creencia en la Biblia o en Dios puede ser un noble propósito, las escuelas públicas no pueden participar en él, a pesar de lo importante que este objetivo pueda ser para sus partidarios.»
